El impacto de la reforma constitucional en materia de derechos humanos (2011)
La reforma en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, consistió en la modificación de 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer y proteger los derechos humanos en México y beneficiar a la sociedad mexicana.
La reforma es trascendental para nuestro país, ya que se genera una nueva forma de gobernar en las distintas ramas del Derecho, tan es así, que el texto vigente del artículo 1 reconoce que todas las personas deben gozar de los derechos humanos previstos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos que dicho ordenamiento legal establece.
Además, indica que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, se considera uno de los principios más importantes para la protección de los derechos humanos, que es el principio pro persona, por el que todas las autoridades que aplican la ley, quedan obligadas a aplicar la norma o interpretación, que mejor proteja a la persona, lo cual se traduce en que si un Tratado Internacional otorga mejor derecho al particular que la misma Constitución se aplicará éste, o viceversa.
El mismo artículo establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, luego entonces, se convierte en una facultad de las autoridades prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Encontramos pues una nueva forma de aplicar el derecho en nuestro país que ya habían adoptado algunos países en el mundo, así como un nuevo reto para las autoridades administrativas y jurisdiccionales, ya que antes de resolver un asunto deben revisar a que ordenamiento se van a apegar en función del principio pro persona.
